La política social europea constituye en la actualidad un elemento clave e indispensable de las políticas de la Unión, que ha vivido importantes cambios sociales durante el proceso de integración. Mediante esta misma, reafirma su compromiso de garantizar las mejores condiciones de vida y de trabajo para los ciudadanos. 

Su fundamento jurídico se encuentra recogido tanto en el TUE como el TFUE. En el artículo 9 del TFUE, se establece que, en todas las políticas y acciones, la Unión tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana. Asimismo, el artículo 151 del TFUE, enumera los objetivos de la política social de la Unión: 

Como establece el artículo 4 del TFUE, la UE tiene competencia compartida en materia de política social. Por lo tanto, si bien la política social se mantiene principalmente como una responsabilidad de los Estados miembros, algunos aspectos son competencias compartidas con la Unión y esta promueve el papel y el diálogo entre los interlocutores sociales en su ámbito, siempre teniendo en cuenta la diversidad de los sistemas nacionales de los Estados miembros. 

En la actualidad, la proclamación del Pilar Europeo de Derechos Sociales en 2017 ha sido un paso clave para el cumplimiento de los objetivos de la política social europea. Este define veinte principios y derechos esenciales para apoyar un proceso renovado de convergencia hacia mejores condiciones de vida y de trabajo en Europa. En marzo del 2021 se publicó asimismo el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, con iniciativas concretas para materializar los principios de la Unión, cuyo compromiso fue reafirmado en la Cumbre Social de Oporto el 7 y 8 de mayo del 2021.