En materia de lucha contra el cambio climático, el Consejo Europeo de 11 y 12 diciembre 2020 aprobó un ambicioso objetivo: lograr una Europa «climáticamente neutral» en 2050, con una emisión neta nula de gases de efecto invernadero para esa fecha. Este compromiso quedó finalmente plasmado en el Reglamento sobre Clima (Climate Law), adquiriendo así carácter vinculante. Para alcanzar dicho objetivo a largo plazo, la Comisión publicó en 2021 el paquete “Objetivo 55” o «Fit for 55» en inglés (FF55) , un conjunto de propuestas interconectadas en los ámbitos del clima, el uso del suelo, la fiscalidad, el transporte y la energía, que están encaminadas a reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030, en relación a los niveles de 1990.

España mantiene posiciones constructivas en el Consejo de la UE para avanzar en aquellos expedientes legislativos de la UE en defensa del clima que sean coherentes en todos los planos (social, ambiental y económico), fomentando mecanismos efectivos de ayuda para minimizar los impactos sociales que forman parte de las prioridades de una transición justa .

El 11 de marzo de 2020, la Comisión Europea presentó un Plan de Acción para la Economía Circular con base en las actuaciones sobre economía circular que se vienen desarrollando desde 2015. La Comisión consideró que este Plan de Acción dará pie a sinergias con sus otras grandes iniciativas (Estrategia Industrial y Paquete Digital), que deberían contribuir a la creación de cientos de miles de nuevos empleos de aquí a 2030. El 30 de marzo 2022, la Comisión presentó otro paquete de economía circular que incide sobre textiles, ecodiseño energético, empoderamiento de los consumidores y productos de construcción.

La filosofía de la UE es ampliar la visión de la Directiva de ecodiseño para que vaya más allá del ahorro de energía y que el ecodiseño se haga aplicable al rango más amplio posible de productos, de tal manera que se reduzca el impacto medioambiental en otros ámbitos no energéticos: reducción del consumo de materias primas, agua, impactos sobre ecosistemas fuera y dentro de la UE...

España aprobó en 2020 su Estrategia de Economía Circular para 2030  y está avanzando a través, entre otras, de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. 

Según los estudios de impacto de la Comisión, los beneficios de restaurar las turberas, marismas, bosques, matorrales, pastizales, ríos, lagos, humedales, etc. de la UE pueden estimarse en 1.860.000 millones de euros (frente a un coste estimado de 154.000 millones de euros). Ante esa situación, entre otras iniciativas presentó la Comisión una propuesta de Reglamento comunitario el 22 de junio 2022 , cuya pieza clave serán las Medidas Nacionales de Restauración que cada Estado miembro deberá presentar a la Comisión Europea para su evaluación antes de adoptarlos. También se prevé un proceso de revisión y revisión periódica de las medidas.

En conjunto, los planes deberán conseguir el objetivo genérico de cubrir con medidas eficaces de restauración al menos el 20% de la superficie terrestre y de la correspondiente zona marina de la UE en 2030. España considera esencial esta iniciativa y espera que la propuesta responda a la magnitud de los retos de la lucha contra la pérdida de la biodiversidad.

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