​Según Eurostat, entre 2010 y 2022 los alquileres de vivienda en la Unión Europea aumentaron un 18 %; y los precios de compra, un 47 %. Como consecuencia, en torno a un 10 % de la población europea que habita en zonas urbanas —porcentaje que desciende al 7 % en las áreas rurales— destina más del 40 % de su renta disponible al alquiler. Todo ello plantea un reto considerable para hacer efectivo el derecho a la vivienda, consagrado en el Pilar Europeo de Derechos Sociales.

De acuerdo con una infografía del Parlamento Europeo, los principales motivos tras la subida de precios son, primero, unos costes de construcción y tipos de interés hipotecario más elevados; en segundo lugar, un descenso generalizado en la construcción; y, por último, el auge de la compra de propiedades como manera de obtener más rentas. La inflación y el coste de la vida han sido, conforme al Eurobarómetro de julio de 2024, una de las principales causas que movilizaron al electorado en las últimas elecciones al Parlamento Europeo.

Las instituciones europeas son conscientes de este problema. En marzo de 2024, los ministros competentes de cada Estado miembro en materia de vivienda firmaron una declaración instando a alcanzar un acuerdo por la vivienda asequible y sostenible. Un mes después, Enrico Letta advirtió del riesgo que entrañaba la deriva en el acceso a la vivienda para el buen funcionamiento del mercado único. Asimismo, en un discurso previo a su elección como presidenta de la Comisión Europea para un segundo mandato, Ursula von der Leyen afirmó que la vivienda sería una de las nuevas prioridades de la Unión en los próximos cinco años.

En consecuencia, la Unión Europea tiene, por primera vez, un comisario responsable de vivienda: el danés Dan Jørgensen, que reúne también la competencia de Energía. Este último afrontará el reto de promover que los Estados miembros doblen su inversión en vivienda asequible a través de la política de cohesión, y trabajará con el Banco Europeo de Inversiones para desarrollar una plataforma de inversión destinada a la promoción de vivienda asequible y sostenible.

En diciembre, el Parlamento Europeo estableció, con 480 votos a favor, un comité especial de Crisis de la Vivienda en la Unión Europea, que operará durante un año para estudiar qué propuestas legislativas podría aliviar la situación. Entre otros aspectos, se fomentará la construcción de nuevas viviendas y la renovación y reconversión de edificios, teniendo en consideración el potencial de las viviendas vacías. Del mismo modo, el comité pretende localizar trabas burocráticas innecesarias que puedan obstruir la «ola de renovación».

Esta «ola de renovación» comprende, a su vez, un ambicioso proyecto para alcanzar los 35 millones de edificios renovados y 160.000 empleos verdes adicionales para 2030. Consiste en un paquete de inversiones que comenzará por edificios públicos y poco eficientes, acelerando la digitalización y creando empleo y oportunidades de trabajo en la cadena de suministros de la renovación. Por otro lado, el Fondo de Desarrollo Regional Europeo reserva un 8 % para reforzar el desarrollo urbano sostenible, otorgando poder a las autoridades locales en el marco de la política de cohesión.

En realidad, ya se han puesto en marcha varios proyectos piloto conocidos como Lighthouse Districts o distritos faro. Estos pretenden crear modelos eficientes de viviendas decentes, asequibles y sostenibles, que empleen diseños ecológicos, el uso de energías renovables y el fomento de la economía circular.

Por tanto, si bien las responsabilidades de políticas sociales descansan, en su mayor parte, en los Estados miembros de la Unión, todo apunta a que la acción comunitaria se desplegará de forma intensiva en materia de vivienda en este mandato, dentro de sus competencias. El próximo año, la Comisión Europea lanzará la Alianza de Vivienda Europea, con el objetivo de identificar necesidades de inversión, reunir fondos y, sobre todo, el conocimiento preciso para resolver un rompecabezas crucial para la Unión Europea.