El 26 de febrero de 1965 entró en vigor la Carta Social Europea, uno de los tratados esenciales del Consejo de Europa, por el cual se establecieron una serie de derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos europeos, así como los mecanismos de supervisión de los mismos. Con la Carta Social Europea, se reforzaba el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, documento dedicado en su mayoría a derechos civiles y políticos, para así añadir derechos sociales y económicos.
La Carta Social Europea quedó abierta a la firma en octubre de 1961 y, para 1991, había sido ratificada por 20 naciones. En 1996, se produjo una revisión de la Carta para ampliar los derechos reconocidos en la original y esta entró en vigor el 1 de julio de 1999. Actualmente, la Carta Social Europea revisada está vigente en la mayoría de países europeos. España, en concreto, ratificó la Carta Social Europea en mayo de 1980 y la firmó, renovada, en octubre del año 2000.
Los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Carta Social Europea son los siguientes: vivienda, salud, educación, empleo, protección legal y social, movimiento de personas y no-discriminación. La Carta Social Europea cuenta con un mecanismo de control, el Protocolo de 1991, por el cual los Estados deben enviar una serie de informes nacionales al Consejo de Europa periódicamente. También cuenta con el Protocolo de 1995, un sistema de denuncia colectiva que, en esencia, facilita la presentación de reclamaciones colectivas por parte de sindicatos y organizaciones no gubernamentales ante el incumplimiento de la Carta Social Europea.
Asimismo, se estableció el Comité Europeo de Derechos Sociales (ECSR) como órgano de vigilancia del cumplimiento de la Carta Social Europea, conformado por 15 miembros independientes e imparciales del Consejo de Europa. Estos son seleccionados por el Comité de Ministros del Consejo de Europa cada seis años y pueden ser renovados una vez.
