​

Un día como hoy, hace exactamente treinta años, el Consejo Europeo estableció los Criterios de Copenhague, una serie de condiciones previas que los Estados que deseen ingresar en la Unión Europea deben de respetar. Tras la cumbre del 21 al 22 de junio de 1993 en Dinamarca, estos criterios fueron reforzados por el Consejo Europeo de Madrid en 1995. Estos incluyen:

1. El principio del Estado de Derecho → Deberán existir instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías.
2. Criterios económicos → Debe garantizarse la existencia de una economía de mercado en funcionamiento y la capacidad de hacer frente a la presión competitiva y las fuerzas del mercado dentro de la Unión Europea.
3. Armonización la legislación nacional con la de la UE → El país candidato debe ser capaz de asumir las obligaciones que se derivan de la adhesión, incluida la capacidad para poner en práctica de manera eficaz las normas, estándares y políticas que forman el «acervo comunitario», y aceptar los objetivos de la unión política, económica y monetaria.

Cualquier país europeo que respete los valores democráticos de la UE y se comprometa a promoverlos puede solicitar el ingreso como miembro en la UE. Estos valores son la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías (como establece el artículo 2 del TUE). La solicitud se realiza formalmente ante el Consejo de la UE, interviniendo también en el proceso de ampliación el Parlamento y la Comisión Europea. Posteriormente, para que se inicie el proceso de negociación se necesita la decisión unánime del Consejo, y solo así el Estado solicitante y la UE proceden a negociar oficialmente sobre el conjunto de capítulos de la legislación de la Unión.

Una vez concluidas las negociaciones sobre todos los capítulos, los términos acordados, incluidas las posibles cláusulas de salvaguardia y disposiciones transitorias, se plasman en un tratado de adhesión entre los Estados miembros de la Unión y el país adherente. El último país en finalizar este largo proceso, que normalmente requiere varios años, fue Croacia en 2013. ​