El CDR permite a las regiones y ciudades participar formalmente en la elaboración de la legislación de la UE, garantizando el respeto de la posición y las necesidades de los entes regionales y locales.
La Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo deben consultar al CDR al elaborar legislación sobre asuntos relacionados con la administración local y regional, como la sanidad, la educación, el empleo, la política social, la cohesión económica y social, el transporte, la energía y el cambio climático.
De lo contrario, el CDR puede llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia.
Cuando el CDR recibe una propuesta legislativa, redacta y adopta un dictamen y lo envía a las instituciones pertinentes de la UE.
El CDR también emite dictámenes por iniciativa propia.
Los miembros también pueden optar por formar parte o no (no inscritos) de un grupo político en el seno del CDR. En la actualidad, la organización interna se articula en torno a los siguientes grupos políticos oficiales, que reflejan las grandes familias ideológicas del continente:
Cada año se celebran seis sesiones plenarias, en las que se adoptan dictámenes que tratan entre cincuenta y ochenta proyectos legislativos.
Estos acuerdos administrativos habilitan dos canales fundamentales de protección lingüística:
El Comité Europeo de las Regiones representa a los políticos locales y regionales de la Unión Europea, que actualmente suman un millón, y está especialmente comprometido con los jóvenes representantes políticos ("YPE"), a quienes invita a sus plenos o, por ejemplo, a la Cumbre Europea de Regiones y Ciudades.