El «greenwashing» o «lavado ecológico» consiste en hacer afirmaciones poco precisas (o, incluso, falsas) sobre las propiedades ecológicas de productos o servicios con el fin de atraer la atención del consumidor. La Comisión Europea estima que dentro de la Unión «el 53% de las afirmaciones ecológicas brindan información vaga, engañosa o infundada» y que «la mitad de todas las etiquetas verdes ofrecen verificación débil o inexistente». De esta manera, los consumidores pierden la confianza en las empresas.
Como respuesta a esta situación, la Comisión ha comunicado en marzo de 2023 una nueva propuesta de Directiva sobre Reclamaciones Ecológicas, que complementa la propuesta de Directiva de marzo de 2022 sobre Capacitación de los Consumidores en la Transición Ecológica. La Directiva consta de una serie de medidas para que los consumidores sean correctamente informados de las cualidades de los productos y servicios que adquieren y para que puedan verificar dicha información.
Por un lado, se establecerían unos criterios claros sobre cómo las empresas pueden hacer declaraciones medioambientales. Además, serían revisadas por un verificador independiente y acreditado. Por otro lado, se crearían nuevas normas sobre los sistemas de etiquetado medioambiental para garantizar que sean transparentes y fiables. Actualmente, existen 230 etiquetas de sostenibilidad y 100 etiquetas de energía verde en la UE, pero tienen niveles de fiabilidad muy diversos.
Los objetivos finales de la Directiva son conseguir que las declaraciones ecológicas sean fiables, comparables y verificables en toda la UE, proteger a los consumidores del greenwashing y ayudarlos a tomar decisiones de compra fundamentadas, de cara a fomentar la consolidación de una economía circular y ecológica en la UE, y establecer unas condiciones de competencia equitativas con respecto al rendimiento medioambiental de los productos.
Se trata, pues, de una Directiva que busca luchar contra la desinformación, y que protegería tanto a los consumidores como al medio ambiente. Además, impulsaría la competitividad de las empresas que reclaman la sostenibilidad ambiental de sus productos y actividades.
Para más información, se puede consultar la propuesta de Directiva en este enlace.
