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  • Economía
  • 17/07/2014

Lucha contra el fraude: grandes avances en la política de lucha contra el fraude, pero los Estados miembros deben intensificar sus esfuerzos en la materia

Los Estados miembros deben intensificar sus esfuerzos por prevenir, detectar y notificar los casos de fraude que afectan a fondos de la UE, según el informe anual de la Comisión Europea sobre la protección de los intereses financieros (informe PIF)

 

Los Estados miembros deben intensificar sus esfuerzos por prevenir, detectar y notificar los casos de fraude que afectan a fondos de la UE, según el informe anual de la Comisión sobre la protección de los intereses financieros (informe PIF). El informe presenta recomendaciones detalladas sobre los aspectos en los que se deberían centrar especialmente las autoridades nacionales a este respecto. El informe llega a la conclusión de que el fraude detectado en el gasto de la UE representa menos del 0,2 % de todos los fondos. No obstante, la Comisión considera necesarios mayores esfuerzos nacionales por detectar los fraudes y combatirlos. Por lo tanto, el informe PIF recomienda, entre otras cosas, que los Estados miembros revisen sus controles para asegurarse de que estén bien orientados y que se basen en los riesgos.

En cuanto a los aspectos positivos, el informe señala que se han registrado avances importantes a escala nacional para aplicar nuevas normas y políticas que reforzarán la lucha contra el fraude en los próximos años. Además, ha habido grandes avances en los cinco últimos años a escala de la UE en lo relativo a la configuración de un entorno más fuerte de lucha contra el fraude. Estas iniciativas pueden tener un fuerte impacto sobre los niveles de fraude, una vez llevadas completamente a la práctica.

Algirdas Šemeta, comisario de Fiscalidad, Unión Aduanera, Estadística, Auditoría y Lucha contra el Fraude, ha declarado lo siguiente: «En los cinco últimos años, la Comisión ha intensificado el combate contra el fraude. Nuestro compromiso de proteger el dinero de los ciudadanos frente a los defraudadores se desprende claramente de las nuevas normas, iniciativas y marcos ambiciosos y rigurosos que hemos presentado. Ha llegado el momento de que los Estados miembros cumplan su cometido de forma más eficaz. Han de intensificar sus esfuerzos por prevenir, detectar y perseguir a los que intentan cometer fraude a costa del presupuesto de la UE».

Según el informe, el fraude que afecta al presupuesto de la UE detectado por las autoridades nacionales disminuyó ligeramente en 2013 respecto a 2012. En el capítulo de los gastos, 248 millones EUR en fondos de la UE resultaron afectados por el fraude, lo que equivale al 0,19 % de los gastos presupuestados. Esta cifra representa, en comparación con los 315 millones EUR del año anterior, una reducción de aproximadamente el 21 %. En el capítulo de los ingresos, el fraude presunto o confirmado ascendió a 61 millones EUR, es decir, al 0,29 % del total de los recursos propios tradicionales recaudados en 2013. Esta cifra representa, comparada con los 77,6 millones EUR del año precedente, una caída del 21 %. Si bien la incidencia financiera global del fraude que afecta a fondos de la UE disminuyó el año pasado, el número de casos notificados en el capítulo de los gastos de la UE aumentó respecto al año anterior. Esto pudo ser el resultado de medidas más enérgicas para detectar el fraude en una fase temprana, con la consiguiente reducción de la cantidad global de fondos afectados. También puede ser indicio de una mejor notificación de los fraudes por parte de algunos Estados miembros.

Contexto

De conformidad con el artículo 325 del Tratado, la Comisión publica el informe anual sobre la protección de los intereses financieros de la UE para divulgar las medidas adoptadas al efecto de combatir el fraude que afecta a los fondos de la UE. Al detallar el nivel de fraude notificado por los Estados miembros en relación con todo el presupuesto de la UE (es decir, los ingresos y los gastos), el informe contribuye también a evaluar qué ámbitos presentan más riesgo, al efecto de contribuir a orientar mejor las medidas correspondientes tanto a nivel nacional como de la UE.

Además de publicar los datos sobre los fraudes e irregularidades denunciados, las recuperaciones y correcciones financieras y los niveles de denuncia en los Estados miembros, el informe suele centrarse cada año en un ámbito concreto que se aborda en profundidad. Este año presenta un resumen de los progresos de los Estados miembros en lo relativo a la creación de sus servicios nacionales de coordinación de la lucha contra el fraude (SNCLF), conforme a lo dispuesto en el nuevo Reglamento de la OLAF. Los SNCLF tienen por objeto cooperar e intercambiar información con la OLAF, mejorando así la lucha común contra el fraude. El informe da información sobre los Estados miembros que ya han designado su SNCLF y pide a los cuatro Estados miembros restantes que lo hagan antes de finales de año.

El informe de hoy también contiene información detallada sobre el gran número de iniciativas adoptadas por la Comisión en 2013 contra el fraude que afecta al presupuesto de la UE. Estas medidas se inspiran en el intenso programa de lucha contra el fraude que la Comisión ha impulsado a lo largo de los cinco últimos años. Además de la aplicación de la nueva estrategia de la Comisión de lucha contra el fraude (IP/11/783), se registraron avances en materia legislativa en 2013 como los siguientes:

• La Comisión propuso crear una Fiscalía Europea (IP/13/709). Esta nueva institución reforzará significativamente la investigación y represión de las prácticas delictivas que afectan al presupuesto de la UE.

• El nuevo Reglamento de la OLAF entró en vigor y contribuyó a consolidar las actividades de investigación de la OLAF (MEMO/13/651).

• La propuesta sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea a través del Derecho penal ((IP/12/767) ha avanzado mucho en el plano institucional. Mediante la armonización de las definiciones de los delitos contra el presupuesto y la introducción de sanciones mínimas para esos delitos, la propuesta pretende contribuir en mayor medida a proteger los fondos y a disuadir a los defraudadores.

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