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  • Medio Ambiente y Energía
  • 22/01/2013

Los inuit seguirán sin poder vender productos derivados de la foca en la Unión Europea

El Tribunal General declaró que la posibilidad que se reconoce a los particulares en el Tratado de Lisboa de impugnar más fácilmente actos jurídicos de la Unión Europea de alcance general no alcanza a los actos legislativos

 

 

Una organización que representa los intereses de los inuit canadienses, así como fabricantes y comerciantes de productos derivados de la foca, solicitan a los órganos jurisdiccionales de la Unión que anulen la prohibición general de comerciar en la Unión Europea con productos derivados de la foca, prohibición que el legislador de la Unión –es decir, el Parlamento y el Consejo– adoptó en septiembre de 2009 en forma de reglamento.  Sólo se exceptúan de esta prohibición –junto a otras dos excepciones– la importación y la venta de productos derivados de la foca cuando procedan de la caza tradicional practicada por la población inuit y otras comunidades indígenas y contribuyan a su subsistencia.

El eje principal del presente asunto lo constituye la cuestión de si los inuit y los otros litigantes están legitimados para recurrir directamente contra dicha norma ante los órganos jurisdiccionales de la Unión. Los demandantes se basan para ello fundamentalmente en una norma nueva, introducida por el Tratado de Lisboa, que permite a las personas físicas y jurídicas interponer un recurso de anulación también contra «actos reglamentarios que [les] afecten directamente y que no incluyan medidas de ejecución» (artículo 263 TFUE).

Mediante auto de 6 de septiembre de 2011, el Tribunal General desestimó la demanda por considerarla inadmisible. 3 A juicio de dicho Tribunal, los demandantes no podían impugnar el Reglamento controvertido invocando la nueva norma del Tratado de Lisboa porque esta norma no es aplicable a los actos jurídicos de carácter normativo, como el del presente asunto.

Contra este auto del Tribunal General los demandantes interpusieron un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, recurso con el que insisten en sus pretensiones. La Abogado General Kokott, en sus conclusiones de hoy, propone al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación.

A su juicio, el Tribunal General declaró acertadamente, en definitiva, que los demandantes carecían de legitimación activa. La Abogado General Kokott comparte sobre todo la interpretación del Tribunal General de que un acto legislativo como el Reglamento del Parlamento y del Consejo en cuestión no puede ser considerado acto reglamentario. Por tanto, en el caso de autos no existe la posibilidad, facilitada por el Tratado de Lisboa, de que los particulares impugnen tales actos jurídicos de la Unión de alcance general.

Si bien el Tratado de Lisboa ha pretendido ampliar las posibilidades de las personas físicas y jurídicas para recurrir contra actos jurídicos de la Unión de alcance general, del sistema y de la génesis del Tratado de Lisboa se deduce que, para impugnar actos legislativos, que gozan de una legitimidad democrática particularmente elevada, deben seguir rigiendo los requisitos clásicos. 4 No se genera con ello una laguna en la tutela judicial, puesto que la posible ilegalidad del acto legislativo puede ser alegada incidentalmente en el marco de un recurso ante los órganos jurisdiccionales de la Unión contra un acto de ejecución de una institución de la Unión 5, o en el marco de una demanda ante un tribunal nacional contra una medida nacional de ejecución. La posibilidad que se reconoce a los particulares desde el Tratado de Lisboa de impugnar más fácilmente actos jurídicos de la Unión de alcance general no queda por ello vacía de contenido, puesto que no todos los reglamentos, las directivas y las decisiones de Derecho de la Unión tienen en absoluto su origen en un procedimiento legislativo.

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: Contra las sentencias y autos del Tribunal General puede interponerse un recurso de casación, limitado a las cuestiones de Derecho, ante el Tribunal de Justicia. En principio, el recurso de casación no tiene efecto suspensivo. Cuando el recurso de casación sea admisible y fundado, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General. En el caso de que el asunto esté listo para ser juzgado, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio. En caso contrario, el Tribunal de Justicia devolverá el asunto al Tribunal General, que estará vinculado por la resolución adoptada en casación por el Tribunal de Justicia

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