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Agricultura y Pesca

 

Agricultura

 

La Política Agrícola Común

Nacida hace ahora medio siglo, la Política Agrícola Común es la política comunitaria más antigua y una de las más importantes de la Unión Europea. En la década de los setenta, el presupuesto comunitario destinado a esta política constituía el 70% del total. Actualmente la PAC cuenta con un fondo de 55.000 millones de euros, lo que constituye el 40% de los presupuestos comunitarios de la Unión. Para hacernos una idea, cada ciudadano europeo paga dos euros a la semana para la financiación de esta política, menos del 0,5% del PIB de la UE.

Europa cuenta con 13,7 millones de explotaciones agrícolas (el 70% con menos de 5 hectáreas) y el sector agroalimentario emplea a 17,5 millones de personas (el 7,7% del empleo total de la Unión).



Revisión de la PAC para 2014

De cara al periodo 2014-2020, la Comisión Europea ha propuesto una reforma de esta política basada en tres objetivos fundamentales: la competitividad, la sostenibilidad y la eficacia del sector agrícola europeo. Así, la agricultura debe contribuir a satisfacer la demanda europea y mundial de alimentos, debe atender los problemas del medio ambiente y el cambio climático, y debe estimular la vitalidad y el potencial de las zonas rurales.

Para ello, las propuestas de la nueva PAC atenderán a la creciente inquietud por la seguridad alimentaria, impulsará una gestión más sostenible de los recursos naturales, aumentarán la competitividad del sector agrícola y  la producción en la Unión Europea, mejorará el uso de la diversidad de la estructuras de las explotaciones europeas, aumentará la cohesión de las zonas rurales, distribuirá más equitativamente las ayudas entre los países miembros, y simplificará la normativa y los trámites para los agricultores.

En cuanto a los instrumentos financieros, la nueva PAC prevé adaptar el sistema de pagos directos para que éstos estén mejor repartidos y mejor orientados. Se trataría de apoyar la renta de base de los agricultores mediante un pago directo disociado, con un límite máximo, una orientación hacia los agricultores activos, una ayuda sencilla para los agricultores pequeños, y una mayor toma en consideración de las zonas con limitaciones naturales específicas.

Estos criterios estarían reforzados con una atención especial al medio ambiente mediante un criterio “ecológico” obligatorio de los pagos directos para las prácticas agrícolas que contemplen la consecución de los objetivos medioambientales y climáticos (pastos permanentes, cubierta vegetal, rotación de cultivos, barbechos ecológicos, etc.).


Posición española  

De acuerdo con el proyecto, el gobierno de España en calidad de Estado miembro de la UE ha considerado una serie de puntos que deben ser debatidos y abordados antes de la puesta en marcha de la nueva PAC. Por un lado, el proyecto de la Comisión no especifica que entiende por agricultores activos. La ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino de España, Rosa Aguilar ha manifestado su oposición a que los pagos de concedan a agricultores activos y llama a sustituirlo por el de agricultura activa, un concepto mucho más amplio.

Algunas Comunidades Autónomas han manifestado su oposición a la modalidad de pago alegando que no tiene en consideración las diferencias de los costes de producción entre sectores agrarios y ganaderos.

Otro punto de disconformidad es el “pago verde”, así como la introducción de más exigencias medioambientales para la concesión de los pagos, alegando que dificultan la competitividad. Sin embargo el Gobierno manifiesta su aprobación hacia la necesidad de fomentar una producción agrícola y ganadera más respetuosa con el medio ambiente teniendo especial consideración elementos como las emisiones de gases de efecto invernadero, la degradación de los suelos, la calidad del agua y del aire así como él respeto de los hábitats y la diversidad. Pero sin dañar la competitividad del sector.

* Más información:

- Noticia "La Comisión Europea presenta las nuevas líneas de la futura PAC

 

Pesca

 

Por otra parte, la Política Pesquera Común (PPC) es el instrumento que utiliza la UE para la correcta gestión y la explotación sostenible de los recursos pesqueros, su transformación y su comercialización. A través del establecimiento de cuotas, se limita la cantidad de pescado que los estados miembros podemos capturar con un objetivo claro: proteger y conservar estos recursos acuáticos vivos y reducir el efecto de la actividad pesquera en los ecosistemas marinos.

El campo de acción de la PPC abarca tanto el territorio de los Estados miembros como las aguas que se encuentran bajo su jurisdicción (la llamada Zona de Pesca Comunitaria). Además, al amparo de esta política se negocia también con países no comunitarios para que los barcos de los países miembros de la UE puedan pescar en sus caladeros.

 

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